Legislación antiterrorista.
19 de agosto de 2022. La legislación antiterrorista en España ha experimentado una profunda evolución desde sus inicios, con los primeros atentados anarquistas a finales del siglo XIX hasta la actualidad, momento en el que la legislación se concentra en la lucha contra el terrorismo yihadista. Durante el siglo XX los grupos terroristas de ETA y el GRAPO dirigieron su actividad subversiva contra la dictadura franquista, en un primer momento, y contra las instituciones democráticas en el periodo de transición y las décadas posteriores hasta el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, en el caso de ETA.
La profesora Carmen González Vaz, docente del Grado en Derecho de la Universidad Isabel I y experta en terrorismo, explica en su artículo ‘La evolución de la legislación antiterrorista nacional desde el terrorismo anarquista hasta la reforma del año 2015 del Código Penal’ publicado en la Revista Jurídica Valenciana, cómo el ordenamiento jurídico español ha afrontado la lucha contra el terrorismo, teniendo especial trascendencia el delito de autocapacitación terrorista, recogido en el artículo 575.2 del Código Penal.
González Vaz recuerda en su artículo el ataque terrorista más letal que ha sufrido España y, en general, el territorio europeo, fue perpetrado por el terrorismo yihadista el 11 de marzo de 2004 en Madrid, con un balance de 191 víctimas mortales y, al menos, 1500 heridos. A partir de entonces se han sucedido atentados terroristas yihadistas en todo el planeta, repitiendo el 17 de agosto de 2017 en Barcelona. “Los esfuerzos de los sistemas políticos para enfrentarse a esta lacra se han caracterizado por adaptarse al modus operandi de las organizaciones y grupos terroristas a lo largo de la historia”, matiza la profesora.
Los primeros ataques terroristas
Históricamente, las primeras acciones terroristas en España se sitúan entre 1893 y 1896, con un atentado en Barcelona que causó 20 muertos en el Liceo de la ciudad condal, que se produjo cuando el terrorista arrojó una bomba al patio de butacas cuando comenzaba el segundo acto de la ópera ‘Guillermo Tell’ de Rossini. El vacío legal en la materia hace que los legisladores promulguen la Ley sobre los atentados por medio de explosivos, con la que se castigaba con cadena perpetua o pena de muerte a todo aquel que atentase con bombas en lugares públicos. Esta ley vio la luz en 1894. En 1896 se repite un atentado en la procesión del Corpus de Madrid, que se saldó con la vida de 12 personas.
Durante la dictadura de Primo de Rivera se promulga un Real Decreto de 25 de diciembre de 1925 por el que se atribuye la competencia de terrorismo a la jurisdicción militar y en la Segunda República, se deroga la ley anterior y se redacta un Código Penal que articula los delitos de terrorismo.
El terrorismo continúa durante la Guerra Civil. Se recrudece en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de ETA y GRAPO durante la dictadura franquista y continua durante la transición hacia la democracia. Destaca el Decreto-Ley sobre la Prevención del Terrorismo de 1975, promulgado dos meses antes de la muerte de Franco, que tenía como objetivo declarar el estado de excepción en el País Vasco, que luego se extendería a la totalidad del territorio español, con el fin de aplacar la actividad de subversión protagonizada principalmente por ETA.
Tras la muerte del dictador no desapareció la actividad terrorista. ETA asesinó a 853 personas en su actividad terrorista, siendo los años más negros de su actividad, los que corresponden a la etapa entre la Transición y los primeros años de la democracia.
El código penal y los delitos de terrorismo
La promulgación del Código Penal actual en 1995 incluye los delitos de terrorismo en el Capítulo V, con su regulación en el artículo 571 que definía las penas referentes a la pertenencia, actuación al servicio o colaboración con banda armada; organización o grupo cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. El artículo 573 regula el delito de depósito de armas, municiones y sustancias explosivas, inflamables, incendiarias o asfixiantes. El artículo 574 recoge los castigos para quienes colaboren o pertenezcan a banda armada o grupo terrorista. El artículo 575 regula el delito de atentados contra el patrimonio. El artículo 576 recoge los delitos de colaboración y el 577 define las penas de prisión.
El Código Penal ha sufrido cuatro reformas desde entonces (2000, 2010, 2015 y 2019) en relación con los delitos de terrorismo, debido a la adecuación a la realidad social y la mutación del fenómeno terrorista, con la aparición de Al-Qaeda y Daesh en el panorama internacional, incluyendo el delito de autoadoctrinamiento terrorista en la legislación a partir de 2015 en el artículo 575.2 del Código Penal. “En este caso en concreto se encarnan todos y cada uno de los rasgos que caracterizan al Derecho Penal del Enemigo”, subraya Carmen González Vaz. A su juicio, aunque en los últimos años en España ha experimentado un cambio significativo en su sistema político, “parece que existe una esencia intrínseca, marcada de gran autoritarismo y exacerbación, del castigo como venganza, para combatir el fenómeno terrorista”, concluye.