El profesor Mario Sastre Sánchez en una de sus ponencias.
30 de mayo de 2024. Mario Sastre Sánchez, profesor de Derecho penal y procesal de la Universidad Isabel I, fue invitado por la Universidad de Granada a participar en el ciclo de actividades destinadas acercar el papel de las distintas autoridades intervinientes en el proceso penal, organizado el Departamento de Derecho Procesal de la universidad granadina. En el seminario impartido, bajo el titulo general ‘El ministerio fiscal en la instrucción penal. La Fiscalía Europea’, Sastre analizó desde la práctica jurídica y su experiencia profesional como fiscal de Violencia contra la Mujer, además del importante papel del fiscal en la persecución, investigación y condena de actos delictivos en los sistema democráticos modernos, alejada de la idea distorsionada que se transmite en obras audiovisuales.
Labor del fiscal
En su primera ponencia, Sastre enfatizó el rol del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad del proceso judicial. Profundizó en la función de defender los derechos de los ciudadanos y el interés general, así como en garantizar el actual sistema de acusatorio penal. “El fiscal, como custos legis y patronus libertatis asumimos la garantía de que los delitos no queden impunes y la condena por los mismos se realice con todas las garantías “explicó.
La sesión también incluyó un debate sobre la influencia del juez instructor en el trabajo del fiscal y los principios de jerarquía e independencia que deben mantener jueces y fiscales para asegurar un proceso judicial justo.
Fiscal europeo
En la segunda sesión, Sastre abordó las responsabilidades exclusivas del fiscal en la investigación de hechos delictivos. Explicó que el fiscal debe recopilar evidencias para formular acusaciones o fundamentar la solicitud de sobreseimiento de cada caso.
El profesor Sastre analizo la configuración de la fiscalía europea, los retos que plantea y su encaje en nuestro actual sistema procesal penal y las garantías esenciales del mismo. Sastre, crítico con algunos aspectos de la regulación contenida en la LO 9/21, resalto que “esta ley es el último intento de establecer en nuestro Estado lo que parece una cuestión sin retorno: la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal.” “Ahora queda por delante intentar subsanar aquellas cuestiones no resueltas de este modelo, con la línea roja de mantener intactos los derechos de los ciudadanos”, concluyó Sastre.