Usos y abusos de la Libertad de Prensa. El caso de Rocío Carrasco

Periodista frente al dilema de lo correcto y lo equivocado.

Serie: 'El Poder de la Palabra' (II)

En el Día Internacional de la Libertad de Prensa acostumbra a hacerse balance de los daños a la misma, poniendo el énfasis en el papel en ello de estados, organizaciones o -esto ya en tiempos más recientes -agentes económicos. Pocas veces se repara sin embargo en el perjuicio que causan los propios profesionales o los medios en los que trabajan. Y ello no solo porque, como dice el dañino adagio sobre el gremio, ‘perro no come carne de perro’. Si no, también, por la ausencia de instrumentos de autorregulación que se ocupen de ello. Un ejemplo paradigmático del daño que tales prácticas -amparadas en la Libertad de Prensa- pueden causar lo tenemos en el reciente revival de los asuntos relativos a la familia Carrasco-Flores, cuyas primeras noticias nos llegaron allá por los años noventa. Esta nueva entrega -como mandan los cánones del folletín, veinte años después- nos desvela nuevas dimensiones de la historia que en la anterior habían quedado en sombra. De entre ellas destacan los supuestos malos tratos de Antonio David y las prácticas de alienación parental atribuidas al mismo.

Pero de entre todo lo que se nos cuenta ahora no es asunto menor lo relativo a la dimensión periodística del tema. A lo largo de varias semanas hemos estado asistiendo al espectáculo de periodistas -ya que no de carrera ni de vocación, sí, al menos, de facto- que reconocían su mala praxis de entonces (porque, de la de ahora nada se dice, claro, y de ella no sabremos nada hasta que no pasen al menos otros veinte años). Informaciones elaboradas a partir de una sola fuente -una sola fuente con, además, evidente interés en que la información se presente de una determinada manera- montajes con el propósito de construir acontecimientos mediáticos que de otra manera no existirían, recurso a testimonios sin la más mínima información del asunto sobre el que se trata.

Ejemplos flagrantes de mala praxis que, por más que previsibles en este sector de la prensa, no deberían pasar sin algún tipo de reprobación pública. Sin embargo, ello no es posible en España porque no se ha apostado por desarrollar los instrumentos que de ello se podrían encargar. Porque, ciertamente, los hay, y a su concepción teórica han contribuido, sobre todo, los diferentes grados en Periodismo que, desde los años 70, se han ido poniendo en marcha. Lo han hecho, principalmente, aquellos académicos que en mayor medida se han dedicado a trabajar el ámbito de la deontología, campo por el que también hemos apostado desde el Grado en Periodismo de la Universidad Isabel I mediante la inclusión de una asignatura propia y, además, de carácter básico.

Porque ha sido desde aquí, desde el ámbito de la Deontología, desde donde se han lanzado propuestas tales como las de la creación de un Consejo General de Colegios de Periodistas (CGCP) o un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que se ocupen, de, entre otras cosas, detectar y sancionar los casos de mala praxis. Sin embargo, ni el CGCP ni el CEMA han sido desplegados en nuestro país -sí, en otros, por supuesto- a pesar de que para poner en marcha el primero llegó a registrarse una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el año 2018 y de que el segundo llegó a ser incluso creado por Ley en 2010 para luego, en 2013, resultar suprimido. Son estos organismos imprescindibles para evitar o, al menos, limitar, prácticas -y espectáculos- como las que en este artículo se mencionan. Y también para evitar o, al menos limitar, lo que no son sino evidentes -por más que demasiado asumidos- abusos de la Libertad de Prensa que hoy se conmemora.

Editor: Universidad Isabel I

ISSN 2792-1786

Burgos, España