Reunión de la Asociación Stop Violencia Vicaria en el Congreso de los Diputados. En la fotografía de izda. a dcha.: Milena Herrara, portavoz de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; Chelo Álvarez, vicepresidenta de Stop Violencia Vicaria y presidenta de Asociación Alanna; Lidia Guinart, presidenta de la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Andrea Cabezas Mateos, presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria.
19 de febrero de 2025. La presidenta de Stop Violencia Vicaria y alumna del Máster en el Ejercicio de la Abogacía y la Procura de la Universidad Isabel I, Andrea Cabezas Mateos, se ha mostrado crítica con la falta de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que califica de "obsoleto" y carente de mecanismos efectivos para frenar la violencia machista. “Stop Violencia Vicaria pide medidas concretas, recursos y un compromiso real para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijos”, explica Andrea Cabezas antes de la reunión que ha mantenido en el Congreso de los Diputados en la que se analiza el Pacto de Estado. El dictamen recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la cámara baja, excepto Vox, que votó en contra en la sesión del 17 de febrero. El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara Baja para su aprobación definitiva, tras pasar el periodo de alegaciones.
"Una vez más, el Pacto de Estado ha demostrado ser una declaración de intenciones vacía, sin compromisos reales y sin capacidad de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos. Ninguna de las medidas propuestas garantiza que mañana no haya otra víctima más. Ninguna", denunciaba Andrea Cabezas en el análisis del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género que recoge artículo 14.es.
Invitación al Congreso de los Diputados
La Asociación Stop Violencia Vicaria ha sido invitada a participar en la mesa del Congreso de los Diputados. En la reunión, las responsables de la asociación compartieron una sensación de escepticismo ante un plan que, en su opinión, adolece de acciones concretas y efectivas. Durante el encuentro en el Congreso de los Diputados, las activistas expresaron su agradecimiento por los esfuerzos institucionales dirigidos a renovar el compromiso en la lucha contra la violencia de género. No obstante, manifestaron su "profunda preocupación" por la ausencia de medidas a corto plazo que aseguren una protección real y efectiva para las víctimas.
Andrea Cabezas Mateos destacó: "Valoramos el esfuerzo institucional por renovar el compromiso con la lucha contra la violencia de género, pero no podemos obviar que el Pacto de Estado sigue sin traducirse en cambios sustanciales inmediatos en la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos". Cabezas Mateos subrayó que, aunque en 2017 se anunciaron 290 medidas, apenas se han cumplido 60. "Ahora se presentan 462 nuevas propuestas, pero la falta de mecanismos de evaluación y plazos concretos genera dudas e incertidumbre sobre su implementación real", añadió.
La presidenta de Stop Violencia Vicaria enfatizó la urgencia de que el nuevo pacto se materialice en acciones concretas: "Las palabras no salvan vidas, las acciones sí. Es urgente que este nuevo pacto se traduzca en medidas concretas con responsables que rindan cuentas cuanto antes". Además, hizo hincapié en la necesidad de protección inmediata para las víctimas: "Las víctimas necesitan protección inmediata y efectiva, no promesas que se diluyan con el tiempo".
La reunión concluyó con el compromiso de la asociación de continuar colaborando estrechamente con las instituciones, aportando soluciones reales para garantizar que ninguna mujer ni ningún menor queden desamparados ante la violencia de género.
Principales medidas del pacto
Entre las principales medidas del Pacto de Estado destacan la reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas a los menores que sufren violencia vicaria durante los regímenes de visitas, medida reconocida ya en legislaciones de 2004, 2015 y 2021, que todavía no se ha puesto en práctica; el reconocimiento y definición de la violencia económica como una forma de violencia de género; y la incorporación de la violencia digital en el ordenamiento jurídico, sancionando la difusión no autorizada de imágenes o audios de contenido sexual o gravemente vejatorios.
La presidenta de Stop Violencia Vicaria criticó la falta de tipificación de formas específicas de violencia: "Nos dijeron que ampliarían derechos, que mejorarían recursos, que impulsarían cambios, pero lo único que han hecho es multiplicar los verbos ambiguos y las frases grandilocuentes", afirmó. Para ella, términos como "fomentar", "reforzar" o "trabajar" son meros eslóganes si no se acompañan de medidas concretas y plazos claros.
La ausencia de indicadores para evaluar el éxito de las políticas es otra de las críticas recurrentes. "La falta de indicadores convierte estas medidas en simples herramientas de imagen política más que en soluciones reales a un problema estructural", advirtió Cabezas. Y aportó un dato demoledor: "Una de cada tres mujeres que denunció a su agresor hoy está muerta. Pasa que nos siguen matando, que nos siguen arrebatando a nuestras hijas e hijos, que seguimos enfrentándonos a un sistema que nos da la espalda".
En cuanto a las medidas preventivas, las asociaciones de víctimas reclaman mayor control sobre los maltratadores tras su salida de prisión y la generalización del uso de dispositivos de localización para todas las víctimas, independientemente del riesgo estimado. "No han asesinado a ninguna mujer que portara un dispositivo conectado a Cometa", subrayó Ana Bella, de la fundación que lleva su nombre.
Por su parte, Chelo Álvarez, presidenta de Alanna, pidió que las intenciones del Pacto de Estado se traduzcan en modificaciones legislativas en el Código Civil y el Código Penal. "Todos los operadores jurídicos deben estar al lado de la víctima", afirmó.
Andrea Cabezas concluyó su intervención con un mensaje claro: "Ya no aceptamos más promesas vacías. El pacto está obsoleto y la realidad que vivimos exige algo más que discursos bien intencionados. Exige medidas concretas, urgentes y con responsables que rindan cuentas. Porque cada día que pasa sin cambios reales es una sentencia de muerte para otra mujer, para otra infancia. Y no vamos a permitirlo".