
Smart contracts.
7 de marzo de 2025. La digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han transformado la forma en que se establecen y ejecutan los acuerdos contractuales. En este contexto, los Smart Contracts representan un avance significativo, ya que permiten la ejecución automática de contratos sin la intervención humana directa. Sin embargo, esta evolución plantea desafíos jurídicos considerables, especialmente en términos de regulación, seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. Así lo señala Marina Martín Moro, coordinadora del Grado en Derecho, en el artículo Análisis desde el Derecho Privado: La implementación de la inteligencia artificial en los Smart contract.
Este artículo publicado en la revista Derecho y Economía de la Integración analiza la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en los Smart Contracts desde la perspectiva del Derecho Privado, explorando su impacto en la contratación electrónica y los retos normativos que implica su adopción. Se enfatiza la necesidad de establecer un marco regulador adecuado para garantizar la validez y eficacia de estos contratos en el ordenamiento jurídico.
La inteligencia artificial ha revolucionado la toma de decisiones en múltiples sectores al simular capacidades cognitivas humanas como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas. En el ámbito contractual, la IA permite que los Smart Contracts puedan ejecutarse de manera autónoma y con una precisión superior a la de los contratos tradicionales.
La regulación de los Smart Contracts
Uno de los principales problemas que enfrentan los Smart Contracts es la falta de un marco jurídico específico. En la actualidad, estos contratos deben regirse por las normativas generales del Derecho de Obligaciones y Contratos, lo que genera incertidumbre sobre su validez y aplicación.
No obstante, su aplicación en contratos complejos sigue siendo limitada, ya que algunos acuerdos requieren interpretación jurídica, negociación y adaptabilidad, aspectos que los contratos inteligentes aún no pueden abordar con plena eficacia.
En sus conclusiones, la profesora Martín Moro considera que el desarrollo de la inteligencia artificial en los Smart Contracts supone un avance significativo en la automatización de procesos contractuales, pero también plantea importantes desafíos jurídicos. La ausencia de una regulación específica y uniforme tanto a nivel europeo como nacional y autonómico genera incertidumbre sobre su validez y seguridad jurídica, lo que hace necesario un marco normativo que armonice su aplicación.
En este sentido, es fundamental que los legisladores trabajen en la creación de normas específicas que permitan aprovechar los beneficios de los Smart Contracts sin comprometer la seguridad jurídica de los ciudadanos. La integración entre Derecho y tecnología debe enfocarse en crear un entorno de confianza y transparencia, asegurando que estos avances sean accesibles y garanticen la protección de los derechos fundamentales.