Carretera inundada por el desbordamiento de un río.
26 de febrero de 2025. El último número de la Revista Seguritecnica publica un artículo del profesor Martín González y Santiago, docente del Grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, doctor en Medicina, Seguridad y Derecho y miembro de la junta directiva del OSICH.
En el artículo, el profesor doctor González y Santiago señala que “la principal responsabilidad de cualquier gobierno es la protección de los ciudadanos garantizando su derecho a la vida y a la integridad física y moral, tal como lo establece el artículo 15 de la Constitución Española”. Ante este derecho, el Estado debe desarrollar y mantener planes de emergencia que permitan una respuesta eficaz ante cualquier desastre mediante la identificación de zonas de riesgo, la implementación de Sistemas de Alerta Temprana, la realización de simulacros y la educación de la población para garantizar su seguridad.
DANA de 2024
La DANA de 2024 ha sido una de las catástrofes más devastadoras en España y ha puesto en evidencia la falta de preparación de las administraciones ante fenómenos meteorológicos adversos. Este fenómeno, caracterizado por la formación de una baja presión en niveles altos de la atmósfera, ha generado lluvias torrenciales e inundaciones severas en la Comunidad Valenciana, una región históricamente vulnerable a estos episodios. Algunos antecedentes de catástrofes similares han sido la gota fría de 1957 en Valencia con más de 80 fallecidos, las inundaciones de 1982 que causaron el desbordamiento del río Júcar y la rotura de la presa de Tous con 38 víctimas mortales; la gota fría de 2012 que afectó a Murcia, Andalucía y Valencia dejando 13 fallecidos y la DANA de 2023 que, aunque menos virulenta, ya anunciaba la gravedad del fenómeno de 2024.
A pesar de la existencia del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana, que reconoce la vulnerabilidad de la región, “las administraciones no han implementado las medidas necesarias para mitigar los efectos de estos desastres”, explica el profesor González y Santiago. La DANA de 2024 ha dejado un saldo de 232 víctimas mortales, de las cuales 224 fallecieron en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Entre ellas, 26 eran de nacionalidades diversas, con mayoría de origen rumano. La mayoría de las víctimas eran mayores de 70 años y un 7% de los fallecidos eran nonagenarios.
En pocas horas, el caudal de la cuenca del Poyo se incrementó 8,75 veces por encima de su nivel normal. La gestión de la crisis ha evidenciado fallos graves como “la descoordinación interinstitucional debido a la ausencia de un Mando Único, lo que impidió una respuesta eficaz y coherente, la falta de comunicación y protocolos claros que resultaron en una información fragmentada e ineficaz entre las administraciones, la deficiente activación de los Sistemas de Alerta Temprana con respuestas tardías e insuficientes y la ausencia de educación preventiva que impidió a la población contar con las herramientas necesarias para afrontar una catástrofe de esta magnitud”, señala en su artículo el profesor de la Universidad Isabel I.
Cumplimiento de la legislación en materia de Protección Civil
En esta línea argumental, Martín González y Santiago indica que las administraciones locales han permitido la construcción en zonas de alto riesgo sin las debidas medidas de protección, concediendo licencias en riberas de ríos, cauces de barrancos y otras áreas inundables, lo que ha incrementado el impacto de la DANA y puesto en peligro la vida de los ciudadanos. De la misma manera, es imperativo el cumplimiento, no solo de la legislación en materia de Protección Civil, con generación de auténticas respuestas tempranas a través de sus sistemas, por parte del Gobierno Autonómico, sino también la Ley de Seguridad Nacional, en este caso, por parte del Ejecutivo Central.
En sus conclusiones, el profesor González y Santiago subraya que los errores en la gestión de esta catástrofe deben servir de lección para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro, por lo que es fundamental mejorar la coordinación interinstitucional, implementar medidas preventivas efectivas y educar a la población sobre los riesgos naturales para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante futuras catástrofes meteorológicas.