David Mota Zurdo - Mié, 01/12/2021 - 09:00
50 años del Proceso de Burgos. Fuente: Diario de Burgos.
Serie: 'Haciendo Historia' (LXII)
¿Qué fue el proceso de Burgos de diciembre de 1970? ¿Qué supuso para la dictadura franquista? ¿Qué consecuencias tuvo? En esta entrada de Haciendo Historia nos adentraremos en este suceso que, protagonizado por la organización terrorista ETA, tuvo una importante repercusión a nivel internacional.
El cónsul Eugene Beihl (izq.) es liberado tras 25 días en manos de ETA-V. Fuente: El Norte de Castilla.
En diciembre de 1970, la capital burgalesa asistió al consejo de guerra de 16 destacados miembros de ETA, entre ellos dos sacerdotes, detenidos durante el otoño de 1969 en varias operaciones policiales. Casi cuatro meses antes del juicio, el acta del ministerio fiscal franquista presentó los cargos contra Xabier Izko de la Iglesia, acusado de ser el autor material del asesinato de Melitón Manzanas, inspector-jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián y conocido colaborador de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. E, igualmente, fueron procesados como autores intelectuales: Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi, Mario Onaindia, Xabier Larena, Unai Dorronsoro, Bittor Arana, Josu Abrisketa, Ione Dorronsoro, Enrique Gesalaga, Jon Etxabe, Gregorio López, Itziar Aizpurua, Julen Calzada, Antton Karrera y Arantza Arruti. Para realizar la acusación, en el citado documento se utilizaron términos grandilocuentes y pomposos y se presentaron cargos graves, propios de la etapa de la Guerra Civil y fácilmente extrapolables a otras sentencias por la terminología utilizada en los juicios sumarísimos de posguerra. El régimen dictatorial, que aún vivía anquilosado en aquella etapa, lo que era visible en el lenguaje utilizado, acusó a estas personas de ser miembros y colaboradores de ETA y de haber trastocado «el orden interior, la seguridad pública, la paz social, la unidad de la Patria, el desprestigio del Gobierno, instituciones, autoridades y la de efectuar represalias de carácter políticosocial». Por estos motivos, el fiscal solicitó al tribunal diversas penas de muerte y 750 años de cárcel, legitimando su petición sobre el decreto de bandidaje y terrorismo de septiembre de 1960.
Con esta contundencia, el régimen buscó dar un golpe de efecto y poner sobre la mesa que, pese al tímido aperturismo vivido durante la década de 1960, sus esencias y orígenes continuaban siendo los mismos y, por ello, la condena a los terroristas con un castigo ejemplarizante era más que necesaria. Pero el proceso de Burgos desató una amplia reacción de solidaridad dentro del antifranquismo. Los partidos nacionalistas y las instituciones vascas en el exilio se movieron por diversos foros diplomáticos europeos y americanos, sobre todo de las principales potencias (Estados Unidos, Reino Unido y Francia), para conseguir su apoyo a través de muestras de solidaridad y del eco de lo sucedido en sus medios de comunicación de referencia para que influyeran sobre su opinión pública. Se esforzaron mucho por subrayar que el régimen no había cambiado, que el juicio contra los miembros de ETA sólo ponía de manifiesto lo que el antifranquismo llevaba mucho tiempo denunciando, a saber, que el régimen franquista utilizaba la violencia como principal recurso para la impartición de justicia. La delegación del Gobierno vasco en Washington DC consiguió que los medios de comunicación estadounidenses (New York Times y Washington Post) pusieran en solfa las anómalas condiciones e irregularidades del juicio de Burgos. Y consiguió que el Departamento de Estado y Amnistía Internacional se interesaran por lo sucedido llevando a cabo una campaña de propaganda conjunta para conseguir que no se aplicara la pena capital.
Manifestación en París contra el proceso de Burgos. Fuente: El País.
Estas manifestaciones de solidaridad antirrepresiva fueron impulsadas por el antifranquismo español e hizo que determinados sectores del PNV y ETA estrecharan puntualmente sus lazos al converger en una misma idea. Para ellos, la violencia terrorista era en última instancia una respuesta a la atmósfera sociopolítica asfixiante que habían instaurado las autoridades franquistas, responsables del enorme malestar en todo el País Vasco. Las consideraban, pues, reacciones desesperadas y justificadas.
Este acercamiento ideológico de ciertos sectores del nacionalismo vasco moderado al radical se fundamentó en el camino que algunos decidieron transitar unos años antes del juicio. A finales de la década de 1960, un sector desencantado con la escasez de iniciativas del PNV decidió reactivar su sección juvenil, Eusko Gaztedi (EGI), para impedir que parte de su militancia recalara en ETA, a la que veían mucho más activa. Iñaki Mujika Arregi (Ezkerra) fue el encargado de encabezar las iniciativas de lucha armada y de planificar/efectuar los primeros atentados. En 1968, durante la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que transcurría entre Vitoria y Pamplona, EGI puso una bomba en las inmediaciones de la sierra de Urbasa creando un importante socavón. Con esta acción quisieron sabotear el campeonato, pero no lo consiguieron: no impidió que el «escapado», el vizcaíno Uribezubia, continuara la marcha. Fueron momentos convulsos, de dudas y dificultades. De hecho, durante un breve periodo de tiempo, el PNV consintió este tipo de iniciativas, pero, cambio de actitud cuando en abril de 1969 Joaquín Artajo y Alberto Asurmendi, de EGI, murieron mientras manipulaban un explosivo. A partir de entonces la dirección del partido nacionalista calmó las aguas, principalmente, por temor a que la organización política pudiera sufrir otra escisión como la de ETA. Si bien, no impidió que ese sector juvenil y violento del PNV acabara en la organización terrorista en 1972.
Pero volviendo al consejo de guerra, durante el proceso, los militares franquistas de la Audiencia de Burgos, aprovechando la condición clerical de dos de los reos, apostaron por invocar el Concordato con el Vaticano para impedir que el juicio fuera público. Según los especialistas, fue un error de bulto cometido por el régimen. En primer lugar, porque hizo que un juicio por violencias pasara a ser sumarísimo. Y, en segundo, porque los sacerdotes estuvieron dentro del proceso penal. Este fue uno de los motivos por los que, por ejemplo, la delegación del Gobierno vasco en Washington obtuvo el apoyo de los sindicatos y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en sus labores de presión al régimen franquista, al que solicitaron que la audiencia fuera pública. Una muestra de solidaridad -si bien indirecta- que también la obtuvieron de la Conferencia Episcopal española que solicitó clemencia, garantías procesales y la conmutación de penas de muerte en caso de dictaminarse.
Se gestó así un ambiente tenso, que tuvo su principal muestra el 1 de diciembre de 1970. Durante esa fecha, justo dos días antes de que se iniciara el consejo de guerra, un comando de ETA-V Asamblea, liderado por Eustaquio Mendizábal (Txikia) y Juan José Etxabe, secuestró en San Sebastián al ciudadano alemán Eugen Beihl, cónsul honorario de la RFA. Tras enterarse del secuestro, parte de los procesados sintieron cierto desconcierto, incluso malestar, porque consideraron que podría entorpecer la estrategia de la defensa, centrada en la búsqueda de complicidades con la Europa democrática.
El secuestro se convirtió en un arma de presión, pues concitó la atención de la opinión pública internacional, que se hizo eco de las proclamas antifranquistas que denunciaron la arbitrariedad del régimen, pero también puso de manifiesto las disensiones internas de ETA, en la que afloraban distintas sensibilidades e iniciativas estratégicas, y las del régimen, que fracasó en su lavado de cara. De hecho, en un momento en el que el franquismo apostaba por ofrecer una imagen amable al exterior, de la mano de los ministros de Asuntos Exteriores Fernando M. Castiella y Gregorio López Bravo, el juicio no pudo llegar en peor momento: durante el proceso de Burgos se mostró la verdadera naturaleza de la España de Franco. Es más, el juicio creó problemas internos. Por un lado, el sector que quería recuperar la esencia del régimen y, por otro, el que veía con buenos ojos el paso de la dictadura a la democracia.
En este contexto y con las distintas iniciativas implementadas por la delegación vasca en Estados Unidos, el juicio se celebró en audiencia pública, pero fue por consecuencia de la disputa entre la justicia militar y la jerarquía eclesiástica y no tanto por la presión internacional, como han subrayado Gaizka Fernández y José Francisco Briones. Sea como fuere, el 3 de diciembre de 1970, el consejo de guerra contó con la presencia de los medios de comunicación, lo que, a la postre, hizo que las intervenciones de los acusados se convirtieran en actos de denuncia contra la dictadura.
Después de jornadas de gran incertidumbre, el 26 de diciembre la organización nacionalista vascofrancesa Anai-Artea, en estrecho contacto con ETA-V, anunció la liberación de Beihl en Wiesbaden (Alemania). Dos días después de la puesta en libertad del cónsul, el tribunal condenó a muerte a seis de los procesados y a un total de 518 años de cárcel a los demás, salvo una de las encausadas que fue absuelta. La decisión creó un enorme malestar y desencadenó gran conflictividad social en el País Vasco. Como consecuencia, el 4 de diciembre, el Gobierno franquista decretó el estado de excepción para Guipúzcoa y, diez días después, se extendió a toda España. Tal decisión no hizo sino desencadenar un auténtico revulsivo contra la dictadura: el 31 de diciembre de 1970, fruto de diferentes presiones y de la situación de crispación, Franco conmutó las penas de muerte.
El secuestro de Beihl ha pasado a la historia como un alarde de propaganda por parte de ETA, incluso se ha convertido en un lugar de memoria de una época compleja y convulsa. Sin embargo, no debería olvidarse que aquel 1 de diciembre de 1970 también se produjo un punto de inflexión determinante: aquella estrategia minó la unidad de la organización terrorista, cuyas distintas sensibilidades optaron poco tiempo después por seguir distintos caminos, aunque ambas optaran por el secuestro y el asesinato como elementos legítimos en la lucha por la independencia.
Los miembros de ETA procesados en Burgos celebrando el indulto. Fuente: El Mundo.
Para saber más…
Casquete, J. (2012), Proceso de Burgos. En De Pablo, S., Casquete, J., Mees, L., Granja, J. L. de la (coord.), Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco, Tecnos, 2012).
Castells, L. (dir.) (2021). Burgos. Consejo de guerra (1970-2020). Grand Place: cuadernos de pensamiento y cultura.
De Pablo, S. (2015). La patria soñada. Historia del nacionalismo vasco desde su origen a la actualidad, Biblioteca Nueva.
Fernández Soldevilla, G. y Briones, J. F. (2020), El franquismo ante el proceso de Burgos, Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, 44, 27-51.
Mota Zurdo, D. (2015). Un sueño americano. El Gobierno vasco en el exilio y Estados Unidos. IVAP.
Mota Zurdo, D. (2021). En manos del tío Sam. ETA y Estados Unidos. Comares.
Editor: Universidad Isabel I
Burgos, España
ISSN: 2659-398X
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