La Seguridad Nacional contra el periodismo: una vieja historia

Periodista.

Serie: 'El poder de la Palabra' (XX)

La Unión Europea lleva tiempo debatiendo sobre una nueva ley de medios de comunicación que, en principio, debería servir para salvaguardar la libertad de prensa y el derecho a la información. Su redacción se plantea a raíz de las intromisiones en la primera derivada de tecnologías nuevas que han propiciado el desarrollo de los llamados programas espía. El Pegasus es solo uno de ellos. Es, en cualquier caso, el utilizado para interceptar las comunicaciones de algunos periodistas que estaban indagando en cuestiones espinosas: desde la corrupción en determinados estados a dinámicas de persecución política. En principio, por lo tanto, la iniciativa resultaba honrosa, y absolutamente necesaria. De lo que se trataba era, para empezar, de proteger al periodista y a sus fuentes, en el bien entendido de que un periodista sin sus fuentes no es nada.

Sin embargo, y tal y como ha revelado un reportaje colectivo liderado por Investigate Europe, determinados gobiernos han aprovechado para hacer justamente lo contrario. El que ha liderado la iniciativa ha sido Francia. El gobierno de Emmanuel Macron ha mostrado su preocupación por el artículo 4, que es, justamente, el que debía blindar el secreto profesional de los periodistas al prohibir las medidas coercitivas contra los profesionales de la información, con objeto de que revelen sus fuentes, y al sancionar también el uso contra ellos de programas espía y, en general, la vigilancia de sus comunicaciones. En los últimos días, Francia, con el respaldo expreso de los gobiernos de Alemania, Países Bajos, República Checa, Luxemburgo y Grecia, es decir, no hablamos de Polonia o Hungría, ha logrado llevar al debate una coletilla en ese artículo que altera enormemente el propósito inicial de la propuesta legislativa. La apostilla que circula estos días es la siguiente: “sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional".

Esta salvaguarda es la que históricamente mayores intromisiones en la labor de los informadores han propiciado porque cada Estado, cada gobierno en realidad, entiende la seguridad nacional de forma muy diferente. Intromisiones de los estados en la labor de los periodistas las ha habido, muy recientemente, en Hungría, por supuesto, pero también en Grecia e incluso España, tal y como demostró una investigación conjunta de The Guardian, Le Monde y Washington Post. Ese concepto, el de seguridad nacional, introduce una ambigüedad que abre la puerta a nuevas restricciones en la libertad de prensa y el derecho a la información. Es algo que, por desgracia, no es nuevo, y que ya empiezan a contestar las organizaciones profesionales, entre ellas la Federación de Periodistas Europeos y, ya en España, la Red de Colegios de Periodistas.

Editor: Universidad Isabel I

ISSN 2792-1786

Burgos, España