Montserrat Molina - Mar, 01/12/2020 - 10:00
Serie: El Derecho Responde (CXXXI)
La precariedad laboral existente en nuestro país con motivo de la pandemia está provocando que algunos empresarios aprovechen la situación de vulnerabilidad de los extranjeros que no disponen de residencia legal en España, para ofrecerles trabajos sin las condiciones de legalidad contractual que se exigen en nuestro país. Muchos de estos trabajadores sin permiso de residencia y trabajo, sin contrato y ausencia de afiliación a la Seguridad Social, se preguntan:
¿En qué condiciones accederán a la atención sanitaria española de contraer COVID 19?
Afortunadamente en España existen leyes que abordan estas cuestiones, no tan atípicas en la actualidad, y así la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, protege este tipo de situaciones.
Un extranjero no residente legalmente en España tendrá derecho a la protección de su salud y, así mismo, a la asistencia y atención sanitaria de conformidad con el artículo 3 Ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (modificado por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud), en las mismas condiciones que los nacionales españoles.
Serán las respectivas Comunidades Autónomas, dentro de las competencias que les hayan sido transferidas por el Ejecutivo, las que establezcan el procedimiento oportuno que deberá seguir el extranjero no residente, para que pueda hacer uso de nuestro servicio de salud pública.
¿Y en cuanto a las prestaciones?, ¿a qué prestaciones tendría derecho un extranjero no residente contratado en situación irregular?
La legislación española, concretamente el artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, reconoce el derecho de los ciudadanos extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, a la utilización de los servicios y prestaciones sociales básicas, protegiendo por medio de esta cobertura, todo el periodo de baja laboral que el trabajador haya causado.
Afortunadamente el Estado de Derecho en España, protege situaciones de alta vulnerabilidad que crean graves injusticias y situaciones de precariedad y pobreza a los más desprotegidos, mediando el legislativo para regularizar y estrechar desigualdades en los ámbitos social y asistencial, tanto para españoles como extranjeros, en situación legal o irregular.
Editor: Universidad Isabel I
Burgos, España
ISSN: 2603-9087
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