El impacto económico de la violencia de género

Carátula que refleja el análisis económico realizado en esta jornada por el Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Quizá el título de este pequeño ensayo resulte algo frívolo al lector. Pretender justificar la toma de medidas para contener la violencia de género en base a los costes económicos que supone parece no ser éticamente correcto. Pero estas líneas las trata de escribir mi yo economista, en lugar de mi yo mujer y como economista considero relevante poner el foco en las desigualdades que se generan de los casos de violencia de género, en los recursos económicos que se desvían y en los agentes que soportan esos desequilibrios. Y es este hecho el que eleva la materia a política de estado.

En 2019 el Gobierno de España, a través de la Delegación contra la Violencia de Género, publicó un estudio con datos del 2016 que tenía como objetivo estimar los costes de la violencia de género, lo que supuso un estudio pionero en nuestro país. Voy a valerme de ese estudio y sus principales conclusiones para desglosar los impactos de esta lacra social, para entender que también es una lacra económica.

La violencia de género en cifras

A nivel agregado o macroeconómico, la violencia de género tiene un impacto negativo sobre el PIB, estimado en 8.540 millones de euros, lo que supone un 0,76% del PIB. Este impacto se produce vía demanda agregada porque se redirigen recursos del sector público y privado y aumentan diferentes gastos de la administración pública; pero también vía oferta agregada por las pérdidas de productividad y de poder adquisitivo.

A menudo se habla de los costes intangibles de la violencia de género, pero vamos a detenernos esta vez en los costes tangibles, los cuáles se desglosan en tres grandes bloques: los costes laborales, los costes sanitarios y los costes legales.

Centrándonos en el impacto sobre la esfera laboral, se monetizan las pérdidas de productividad, inactividad y desempleo, penalizaciones salariales por no asistir al puesto de trabajo, bajas de corta o larga duración, bajo rendimiento porque las condiciones físicas y psicológicas no son adecuadas, entre otras. La población afectada en 2016 por estos costes se estimó en 657.109 mujeres con un coste de 3.639 millones de euros.

Problema de salud pública

La violencia de género, como problema de salud pública (OMS, 1996), puede entenderse en términos de sus efectos sobre la salud física y mental de las mujeres víctimas, así como la de sus hijos e hijas que han sufrido esta dolorosa experiencia. Numerosos estudios han permitido profundizar en el deterioro de salud que sufren y en su impacto sobre los sistemas sanitarios debido al incremento de su uso. Nos referimos concretamente a un aumento de los procesos asistenciales, de los costes farmacéuticos, servicios psicosociales, actividades de formación y políticas en prevención. Los datos de 2016 arrojaban una población afectada de 657.109 mujeres y un coste total de 2.483 millones de euros.

Dimensión legal del problema

El papel que juega la dimensión legal en la problemática de la violencia de género es crucial, pues supone el punto de partida del proceso que lleva a las mujeres a poner fin a la relación con el agresor y permite reconocer a esas mujeres de forma oficial como víctimas y tener acceso a la ley de protección disponible. Sin embargo, un bajo porcentaje de los casos se llega a institucionalizar y por lo tanto llega a generar impactos sobre el sistema judicial, tal y como se desprende de la cifra de mujeres afectadas a nivel legal que se sitúa en 369.495. Los costes estimados en 2016 fueron de 2.247 millones de euros y se refieren principalmente a asistencia jurídica, servicios policiales y jurídicos y servicios penitenciarios.

A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo enfatiza que los efectos de la violencia de género llegan a costarle a los estados en torno al 3,6% del PIB, lo que indica que la problemática debe ser estudiada y debatida a nivel mundial y que todos los países deben responsabilizarse de los costes intangibles, pero también de los tangibles que se generan.

 La lucha contra la violencia de género es, por lo tanto, una vía directa para mejorar la calidad de vida de la sociedad, pero también una forma de reducir costes nacionales y generar un ahorro social significativo.

Y esta ha sido, a grosso modo, la visión de este problema de mi yo economista. Dejo para otro momento o entorno la visión de mi yo mujer.  

Referencias

Camarasa i Casals, M. (2009): Propuesta de nuevos indicadores para medir los efectos de la violencia de género. Editado por SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada.

CARE (2018): Counting the Cost: The Price Society Pays for Violence Against Women.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2019). El Impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016.